La nueva Ley Orgánica de Seguridad, promulgada por el gobierno de Chávez, penará con cárcel de hasta de seis años a quienes no informen a los organismos policiales. Esta medida establece el instrumento para una persecusión sin contrapesos a los oponentes al régimen.

La comedia se transforma en drama

La bufonería de que ha dado tantas muestras Chávez se está transformando en una terrible persecusión.

La norma estipula que aquellos que se nieguen a atender la solicitud de los organismos policiales estarán «atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo de la nación». Esta obligación de «cooperar» con los organismos policiales que así lo soliciten tendrán toda persona, empresa u organización no gubernamental, venezolana o extranjera.

Según señaló el diario «El Universal«, el texto -que contiene 29 artículos y dos disposiciones transitorias- considera «órganos de apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como a los órganos y entes de la Administración Pública nacional, estatal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y de comunidades organizadas, cuando les sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los órganos con competencia especial».

Para la abogada penalista Mónica Fernández, el artículo 20 de la nueva ley, en el que se contempla la actuación de las autoridades sin que se requiera una orden judicial o fiscal, es una de las medidas más graves dictadas por el Ejecutivo.

Las personas involucradas no tendrán acceso a la información que las incrimina y las facultades de la policía son indefinidas.

Ciertamente veremos levantarse una ola de protestas indiganada de los defensores nacionales e internacionales de los derechos humanos. Esperemos y veremos la sinceridad de estos habitualmente tan bulliciosos paladines de la libertad.