Gran conmoción produjo en el País la decisión del Gobierno de distribuir de modo gratuito por medio de las municipalidades, incluso contra la voluntad de los respectivos alcaldes, la «píldora del día después» a las mujeres que aleguen haber sido violadas, aun sin que se les pida ningún tipo de pruebas de que en realidad lo fueron.

La conmoción se explica, pues no hay la menor proporción entre el número de violaciones que habitualmente se producen y la cantidad de píldoras que se pretende distribuir. Es indiscutible que el criterio gubernativo va mucho más allá de las violaciones que se produzcan.

En verdad, es obvio que el Gobierno desea difundir la píldora, pese a que está prohibida pues muy probablemente es abortiva, de modo masivo y a la larga indiscriminado, para que, junto con ella, se difunda la tendencia a caer en toda especie de relajamientos en materia de costumbres. Es esto que se muestra en numerosos documentos socialistas y ésta es la médula de la política gubernativa de los últimos diez años.

Así se infunde en todos los ambientes, en especial los de jóvenes, la tendencia a creer que los únicos peligros que se debe evitar son contraer el Sida y que se produzcan los embarazos indeseados, para impedir lo cual habría que difundir a granel preservativos, anticonceptivos y por supuesto la píldora en cuestión.

Que ambos males se puedan evitar o al menos disminuir con la defensa de la castidad de acuerdo al estado de cada uno, como se ha comprobado en varias naciones que tuvieron el valor de reconocerlo, es algo que simplemente es ignorado, lo cual es una prueba más de que el deseo es que se acentúen las costumbres licenciosas.

Uno de los hechos más sintomáticos en la polémica fue que, cuando el Cardenal Arzobispo de Santiago recordó el principio evangélico de «obedecer a Dios antes que a los hombres», varios líderes socialistas se alzaron calificando la actitud del Purpurado de sediciosa, amenazando así implícitamente a los católicos con los rigores de la persecución estatal si se mantienen fieles a las enseñanzas de Dios y de su Iglesia. 

Pues bien, antes de que se apague la polémica, el Gobierno va aún más lejos, al anunciar, por medio del Ministro de Educación (La Segunda, 14-V-2004), que pretende impulsar, ya en el próximo semestre, un nuevo plan de educación sexual en los colegios, el cual incluiría la promoción de la misma píldora y de toda especie de anticonceptivos, la concesión de subvenciones estatales a las alumnas embarazadas y la realización de esfuerzos oficiales para que éstas continúen sus estudios, a pesar de las dificultades que suponen la gravidez y la maternidad.

Naturalmente, según el Ministro, todo debería ser dialogado y consensuado, sólo que a la hora en que alguien se atreva a calificar las relaciones prematrimoniales de pecado, o al aborto de crimen, o a la homosexualidad de perversión, caerán sobre él los rigores de las leyes anti-discriminación y las amenazas y ataques de los supuestos adalides de los derechos humanos, en tanto que, cuando alguien los defienda, los funcionarios del Estado amoral y anticristiano estarán allí para aplaudirlos.