Santiago será, a fines de mes, la sede de un Encuentro Internacional de grupos terroristas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento Ejército de Liberación Nacional, Túpac Amaru y otros grupos armados que operan en América del Sur. El anfitrión del encuentro será el Frente Manuel Rodríguez, de conocida trayectoria y cuyo emblema indica bien sus métodos de acción.
Esta reunión se propone, como lo señalan sus organizadores:
«Avanzar hacia proyectos comunes, de carácter continental que es imprescindible encauzar con esfuerzos políticos concretos, desde el intercambio político-ideológico, organizativo, experiencias sociales, hasta la coordinación en esfuerzos técnicos y de preparación.
…»Hemos decidido convocar e invitar a nuestros hermanos de lucha del Cono Sur, al Encuentro Internacional: “Proyección de la Lucha Revolucionaria en América Latina”, para debatir e intercambiar propuestas en pos de la construcción continental, a realizarse en Santiago de Chile los días 27, 28 y 29 de octubre de 2006».
Se trata pues, no sólo del ingreso ilegal al País que nuestra legislación prohíbe claramente ( 1 ), sino de la organización de una fuerza supranacional guerrillera en territorio nacional.
¿Piensa alguien que Chile está exento del peligro de sufrir las matanzas que Colombia ha venido soportando a manos de la guerrilla durante décadas?
¿Se prestará nuestro País y nuestro Gobierno a hacerse cómplices de la organización de una fuerza guerrillera que destruya América Latina a sangre y fuego?
¿Cómo se puede comprender el silencio del Gobierno frente a esta violación de nuestra legislación y del peligro evidente de que el cáncer colombiano pueda afectar a nuestro País?
¿Simpatías? ¿Connivencias?
¿Hacia dónde camina nuestro país? La respuesta a esta cuestión se va tornando cada vez más dolorosa y evidente.
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1. TITULO I, PARRAFO 3.- IMPEDIMENTOS DE INGRESO ARTICULO 15º: Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros:
1. Los que se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado.
