Acción Familia al País:
La opinión pública tomó conocimiento, con gran satisfacción, del dictamen de la Contraloría que prohíbe a las municipalidades distribuir la llamada “píldora del día después”, pues la sentencia del Tribunal Constitucional ya había establecido en abril de 2008 que los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud no deben hacerlo, porque probablemente es abortiva.
Era de esperar que ahora el Gobierno abandonase su obsesión de distribuir esa píldora, por ser ilegal, pero no fue así. Lejos de eso, anunció un proyecto de ley para pasar por encima de la norma, pese a que ésta se basa en la Constitución. Hace poco más de un año, el Gobierno, objetó la sentencia de ese tribunal y se valió de los municipios para burlarla; hoy rechaza el dictamen de la Contraloría. Por lo visto, el Ejecutivo se considera el Poder supremo, por encima de la Constitución y de las leyes.
Por su parte, el candidato presidencial Sebastián Piñera –que debería defender la familia– tomó la misma posición, apoyando esa ley, según él, “para que se restablezca un criterio de justicia” en este tema, olvidando al parecer que este diferendo se originó en el pedido de 36 diputados de la Alianza al Tribunal Constitucional y a la Contraloría. Así, el candidato discrepa de la mayoría de los diputados que lo apoyan, entre ellos muchos de su propio partido, y propicia un “criterio de justicia” totalmente opuesto a lo que dicen las dos instituciones públicas competentes. Decepcionando así a sus partidarios, ¿alcanzará la Presidencia?
No es la primera vez que ciertos políticos adoptan actitudes de esta especie. Hace poco más de una semana, se dio el absurdo de que los tres candidatos presidenciales –que se dicen católicos practicantes– coincidieron en dar su apoyo a un eventual proyecto de ley que regule las uniones entre personas del mismo sexo. Así:
* Sebastián Piñera declaró: «Por supuesto que tenemos que proteger los derechos de todas las personas, sin discriminar, cualquiera sea su orientación sexual, y por eso soy partidario de legislar para proteger los derechos civiles, los derechos económicos, como la salud y la herencia, de parejas del mismo sexo«.
* Eduardo Frei afirmó: “Queremos terminar con todo tipo de discriminación y queremos que todos los chilenos y todas la minorías, de cualquier tipo, se sientan partícipes y respetadas en sus derechos humanos, por eso vamos a trabajar con responsabilidad en temas que le interesan a la comunidad y que tenemos que enfrentar en nuestro país«.
* Y Marco Enríquez-Ominami comentó: “Estoy dispuesto a este debate hace mucho rato, yo presenté las leyes, por tanto, no es que les vea una oportunidad electoral, yo creo en esos debates como debates sobre la libertad igualdad. Lo único que invito a los candidatos a que no se reúnan tanto, sino que legislemos, tenemos parlamentarios en el Congreso que están remunerados para eso, y ya que el candidato de la derecha y de la Concertación están de acuerdo, tenemos 120 votos para que legislemos hoy día, pero no van a legislar”.
Preguntamos: ¿quién gobierna la política nacional al punto de lograr que todos los candidatos, diciéndose católicos, coincidan en una iniciativa nefasta y antinatural, que daría derechos, inclusive de herencia, a quienes practican la unión homosexual, cuando esto sería en perjuicio de los herederos legítimos -o sea, cónyuges, hijos, padres, etc.- quienes serían despojados para que se premie al vicio infame?
¿Qué sucede que nadie recuerda los documentos de la Santa Sede, que establecen la obligación de los políticos católicos de votar las leyes respetando las enseñanzas morales de la Iglesia?
