A fines del siglo XX, las corrientes de izquierda comenzaron a insistir en un punto: la protección contra la discriminación racial debería ser extendida a todas las minorías que requerían una protección especial, incluyendo a los homosexuales. De ahí nacieron las legislaciones que condenan, con fuertes penas, la discriminación por «orientación sexual», la cual incluye no solamente a la homosexualidad masculina y al lesbianismo, sino también a los bisexuales y a los transexuales.

La Santa Sede protestó contra esa extensión abusiva del principio de no discriminación a la homosexualidad, en un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de Julio de 1992, titulado: «Consideraciones para la respuesta católica a propuestas legislativas de no discriminación a homosexuales» (1).

La protesta del Vaticano no impidió la aprobación y la aplicación de legislaciones favorables a la homosexualidad. Más aún, en varios países fueron creados organismos de vigilancia y combate a la discriminación, siendo concedido a las asociaciones de homosexuales el derecho de denunciar a los contraventores de estas normas.

En el mes de Marzo pasado, el Parlamento Británico aprobó la Sexual Orientation Regulations, que condena toda y cualquier discriminación por motivo de orientación sexual al contratar empleados y al ofrecer bienes o servicios. Comentando la finalidad de esa legislación, el Departamento de Comunicaciones del Episcopado Escocés afirmó: «Esa norma, que entrará en vigor en todo el Reino Unido, se aplicará a todo ofrecimiento de bienes y servicios, desde el sacerdote que se niega a alquilar dependencias de la parroquia a parejas homosexuales, hasta el editor de un periódico católico que se niega a hacer publicidad en favor del desfile del orgullo homosexual. Todos esos actos podrían ser incriminados en el plano penal, gracias a esa nueva medida draconiana».

Como el Parlamento británico ya aprobó el «matrimonio homosexual», incluido el derecho a la adopción de niños, el dispositivo legal obliga a las agencias católicas de adopción de niños a no discriminar a un «matrimonio» de homosexuales que quiera adoptar un niño y pida sus servicios. Con esta medida, la Iglesia deberá abandonar el cuidado de esos niños.

Al mismo tiempo que esas legislaciones antidiscriminatorias mencionadas iban siendo implementadas, fue siendo creada una nueva figura penal: el «incitamiento a la discriminación» de un grupo minoritario, que incluye obviamente a los homosexuales entre tales minorías protegidas.

Una de las legislaciones pioneras en la introducción de ese nuevo delito es el Código Penal de Dinamarca, que, en su artículo 266 b, dispone, desde 1967, que «aquel que se exprese públicamente o con la intención de que sus palabras sean difundidas en un círculo más amplio, por medio oral o por cualquier otro medio, de manera que un grupo de personas es amenazado, insultado o deshonrado por motivo de su (…) o de su orientación sexual, será castigado con una multa o con prisión de hasta dos años».

En Francia, fue aprobado en diciembre de 2004 un dispositivo legal que refuerza «la lucha contra las expresiones discriminatorias de carácter sexista u homofóbico», asimilándolas al racismo y tornándolas sujetas a penas de prisión. En la aplicación de esa norma, el diputado Christian Vanneste, fue condenado en Enero pasado apagar 3000 euros de multa y 2000 ‚¬ por daños y perjuicios, por haber afirmado, en una entrevista de prensa, que la homosexualidad es «inferior» a la heterosexualidad.

El mismo día de la condenación del diputado Vanneste, fue presentado en Italia el proyecto de ley Mastella, el cual, bajo pretexto de condenar la incitación al odio racial, incluye entre las actitudes sujetas a sanción penal las críticas al comportamiento y al pseudo matrimonio homosexual.

Después de la aprobación de la ley inglesa, fue distribuido a los establecimientos educacionales un documento oficial indicando que el currículum de las escuelas religiosas, incurriría en las sanciones penales, en caso de que enseñase a los alumnos la moral tradicional «como si ella fuese objetivamente verdadera». Esto llevó a la Baronesa Detta O”Caithain a decir que, con la aprobación de la Sexual Orientation Regulation, el Estado británico decidió que «el derecho de un ciudadano a manifestar su orientación sexual es absoluto, pero el derecho a manifestar un credo religioso no lo es».

De esa forma, poco a poco va siendo instaurado un arsenal jurídico, por el cual será delito condenado con presidio simplemente el hecho de citar la Biblia o el Catecismo de la Iglesia Católica a respecto de la homosexualidad.

Notas

1 La Congregación para la Doctrina de la fe estableció que la «orientación sexual» no constituye una condición comparable a la raza, al grupo étnico, etc., porque, a diferencia de éstas, aquella que es un desorden objetivo; existen áreas en las cuales no es una discriminación injusta tomar en cuenta la inclinación sexual; por ejemplo, en la adopción o el cuidado de los niños». Los derechos al trabajo, a la habitación, etc., no son absolutos y puede ser limitados por causa de desórdenes exteriores de conducta, para evitar el escándalo. Y sobre todo, que «no existe un derecho a la homosexualidad y, por lo tanto, no puede constituir una base judicial para reclamaciones».