Las recientes iniciativas ministeriales y legislativas a favor de las reivindicaciones del lobby homosexual y contrarias a la familia natural han sorprendido a la ciudadanía.
En efecto, el año comenzó con el auspicio por parte del Sernatur de un festival nudista internacional promovido en una de las playas del litoral.
Más tarde, el Ministro de Salud declaró que se prohibirá a los centros de salud preguntar a los donantes de sangre sobre sus conductas de riesgo – lo cual obviamente someterá a los pacientes a una mayor posibilidad de contagio – y que se ampliarán las operaciones de cambio de sexo, todo lo que, lejos de favorecer el bien común del País, lo perjudican gravemente.
Posteriormente, el Ministro de Educación declaró, con relación a un manual de educación, que constituía un error el afirmar que la homosexualidad constituya un trastorno. Pocos días después, el mismo Ministro participó de la marcha organizada por el lobby homosexual, dejando claro que lo hacía en cuanto Ministro de Estado, es decir, con el beneplácito del Presidente.
Por su parte la Ministra de Bienes Nacionales declaró a una revista de circulación nacional que ella era favorable al matrimonio homosexual y a la adopción de hijos por parte de esas parejas. No hubo de parte del Ejecutivo desmentido ni desautorización a tales declaraciones.
Todas estas manifestaciones junto con la implementación de políticas públicas a favor de las relaciones homosexuales y contra la familia natural, van más allá de meras demostraciones de ser “políticamente correcto”. Ellas buscan imponer un cambio en la cultura y en las convicciones de la opinión nacional respecto a lo que debe ser la familia. [1]
Cabe entonces preguntarse si, en nombre de la no discriminación, corresponde al Estado implementar un cambio cultural del País, sobre todo afectando a fondo un aspecto tan vital cuanto es la formación de la Familia.
Al respecto, el Profesor Plinio Correa de Oliveira, fundador de la TFP del Brasil, declaró sobre similar situación en su nación: “En la medida en que la acción intencional del Estado procure ‘fabricar’ de modo artificial una cultura (…) es imposible que en su acción no se mezclen, como factores inseparables, el utopismo y el despotismo intervencionista, siempre presentes en la acción estatal cuando ella se entromete en lo que no le es propio”.
A esto precisamente estamos asistiendo con las referidas políticas de un Gobierno que – suprema contradicción – se afirma pro familia y que es encabezado por un Presidente que se declara católico.
Muchos de los electores se preguntarán, sin embargo, si no sería menos dañino que las políticas antifamilia fuesen impulsadas por Presidentes agnósticos y socialistas, pues al menos se estaría dentro de la lógica de los principios por ellos sustentados.
En otras palabras, podría ser peor un “amigo” cuestionable… que ejecuta el programa del adversario, que un Presidente adversario declarado de la familia.
Acción Familia
[1] Acción Familia escribió el libro “La Revolución cultural, un smog que envenena a la familia chilena” sobre este asunto que se encuentra a su disposición. Las tesis del libro, publicado en 2001, continúan con plena actualidad.
