Sr. Senador

Felipe Harboe B.

Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado

Honorable Senador:

Por la presente me dirijo a Ud. para expresarle mi total rechazo al proyecto de ley que se tramita actualmente en la Comisión que preside y en virtud del cual se pretende obligar a los sacerdotes católicos a violar el secreto de la confesión sacramental.

La obligación que tiene un sacerdote católico de guardar absoluto secreto de lo que le es confiado durante la confesión sacramental está basada en el derecho natural, en el derecho divino positivo y en la ley eclesiástica. El secreto de la confesión obliga siempre y en relación a todas las personas, inclusive en relación al propio penitente, al cual no se puede hablar, fuera de la confesión, de las faltas acusadas.

La violación directa del secreto de la confesión, además de ser un pecado gravísimo, es castigada con la pena de excomunión latae sententiae (o sea, automática), la cual sólo puede ser levantada por la Santa Sede.

El proyecto de ley en trámite es, por lo tanto, inicuo. En caso de ser aprobado, todo sacerdote católico estará obligado a violar una ley que será privada de cualquier validez jurídica, por pretender regular comportamientos que están fuera de la competencia del Estado y de sus órganos legislativos y, peor aún, por pretender imponer la comisión de una ofensa gravísima a los derechos de Dios, de la Iglesia Católica y de los propios penitentes.

La Historia registra el ejemplo admirable de numerosos sacerdotes que fueron martirizados por negarse a revelar el secreto de la confesión. No dudamos que el clero chileno sabrá estar a la altura del desafío y que seguirá sin vacilaciones el precepto de San Pedro: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech 5, 29).

Imponiendo a los sacerdotes católicos la disyuntiva de tener que incurrir en un delito civil – caso no violen el secreto de la confesión – o en un pecado gravísimo y una excomunión automática, caso lo violen, el proyecto de ley abre las puertas a la mayor violación de las conciencias y a la mayor persecución religiosa que nuestro país haya conocido.

Por todo lo anterior solicitamos a Ud. que la Comisión de Constitución informe negativamente de la iniciativa en cuestión.

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