El 24 de septiembre pasado, Acción Familia escribió una carta a los Obispos pidiendo que orienten a los Senadores de inspiración cristiana para que no aprueben el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación.

Nos dirigimos a S.E. para expresarle nuestra grave preocupación con relación a la amenaza que constituye para el futuro de la libertad de la Iglesia, así como para la pacífica convivencia nacional, la aprobación del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, (Bol. 3815-07), el cual ya se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Como debe ser de su conocimiento, el pasado 11 de Septiembre el referido Proyecto fue visto por la Sala del Senado y remitido nuevamente a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos. Este nuevo trámite se debió a un urgente llamado realizado por Acción Familia y otras organizaciones de la Red Provida y Familia, que dirigieron miles de e-mails a sus adherentes para solicitarles que manifestaran a los Senadores su rechazo al Proyecto. Las casillas de los Senadores recibieron cientos de mensajes, según consta en el acta de la propia sesión del Senado. ([1])

Esta postergación nos da tiempo para solicitar a S.E-., y a todas las autoridades eclesiásticas del País, que hagan sentir a los legisladores de inspiración cristiana, las nefastas consecuencias que la aprobación de este Proyecto traerá para el libre ejercicio de la religión católica y para el bien común de la sociedad.

En efecto, el Proyecto en cuestión fue redactado e impulsado con el apoyo del lobby homosexual a fin de que quienes tienen esa condición se conviertan en un grupo protegido legalmente contra cualquier tipo de «discriminación» y toda especie de “menoscabo” en razón de su «orientación sexual».

En consecuencia, a partir del día en que este cuerpo legal fuere promulgado, ningún sacerdote ni fiel católico podrá referirse a esas «orientaciones sexuales» “por ejemplo a la homosexualidad y el lesbianismo” como conductas «intrínsecamente desordenadas», según las califica la Congregación para la Doctrina de la Fe, y tampoco podrá citar los numerosos párrafos de las Sagradas Escrituras que censuran esos vicios, porque podrá ser procesado y sancionado con penas aflictivas de hasta cinco años de cárcel.

Para medir a qué situaciones de persecución religiosa puede llevar este ánimo “anti-discriminatorio”, conviene conocer la situación creada en los países donde leyes de similar contenido ya fueron aprobadas.

En este sentido los Obispos de Inglaterra recientemente solicitaron a las autoridades civiles que se les reconozca un derecho tan fundamental e indiscutible como el de poder impedir que los transexuales reciban las órdenes sagradas ([2]) para evitar que los Obispos sean condenados con las nuevas normas de «discriminación indirecta», en el caso de que prohíban esas ordenaciones. Sin embargo, dado que el gobierno británico rechazó el conceder una exención a la Iglesia en la nueva ley de adopción, es probable que este pedido sea negado.

Por su parte la Conferencia Episcopal española se vio recientemente en la necesidad de salir al paso de un nuevo programa educacional impuesto por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, el cual, siguiendo el mismo concepto de no-discriminación, tornó obligatoria en los colegios la materia, “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. Tal asignatura que, “desde esta semana ha comenzado a ser impartida a 300.000 alumnos de secundaria”, incluye temas como “preferencias sexuales, estereotipos que se reciben en la propia familia” y “conflictos éticos en el comienzo y en el final de la vida”, o sea, aborto y eutanasia. (cf. “El Mercurio”, 18 de septiembre del 2007).

Un ejemplo más cercano de esta misma situación, S.E. podrá comprobarlo con el recurso de protección interpuesto contra la Diócesis de San Bernardo por haber suspendido la facultad de impartir enseñanza religiosa católica a una profesora lesbiana. Si tal recurso fue acogido por unanimidad por la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin que aún sea ley el Proyecto antidiscriminatorio, no es difícil prever cuántos casos más se suscitarán contra la Iglesia después de su promulgación. ([3])

Los derechos de los padres también serán avasallados en virtud de un acuerdo entre el Ministerio de Educación, de Salud y el Movilh para introducir en los colegios un plan de aceptación de las conductas homosexuales, «El Mineduc comprendió que, una vez aprobada la ley contra la discriminación, los reglamentos homofóbicos y transfóbicos de diversos colegios y liceos pasarán a ser ilegales, por lo cual es indispensable prevenir tal realidad con la anticipación adecuada»([4]).

Más aún, en estos días en que los Pastores expresaron justificada preocupación por los gérmenes de violencia que hay en el País, cabe ponderar que, con leyes injustas como ésta, que confieren derechos arbitrarios a ciertos grupos, mientras niegan derechos básicos a otros, la violencia puede seguir aumentando. Así lo demuestra la historia chilena en la década del 70, a partir del momento en que se quiso imponer el socialismo marxista, con desprecio de la Ley Moral, de la ley positiva y de los derechos más básicos.

Pues bien, otro tanto podría suceder ahora si quedan prohibidas y penalizadas todas las discriminaciones “justas e injustas” frente a las “opciones sexuales”: quienes las adoptan querrán hacer valer esas disposiciones. No será de extrañar que los afectados por esa situación “ por ejemplo, los que tengan hijos que sean pervertidos por profesores homosexuales o pedófilos “podrán apelar a medios ilícitos para hacer valer sus derechos, tornados letra muerta por la referida ley.

Por todo lo anterior, si tal Proyecto no encuentra ahora una sólida oposición de parte de S.E. y del conjunto de las autoridades eclesiásticas y de los fieles católicos, podremos tener que lamentar después “con justicia, pero sin eficacia” que se desencadene una verdadera persecución religiosa.

En conclusión, venimos por la presente a solicitar a S.E. que, por los medios que juzgue más apropiados, comunique a los Senadores de inspiración cristiana que representan al electorado de su Diócesis, que, si votan a favor del Proyecto, incurrirán en una grave inconsecuencia con sus principios religiosos. Nos permitimos sugerir que representantes de la Conferencia Episcopal pidan ser oídos por las Comisiones que se encuentran estudiando el Proyecto, de modo que la voz de la Iglesia sea oída de modo claro y oficial.

Tales gestiones no podrán ser consideradas como una intromisión eclesiástica en el campo temporal pues ellas no son sino el ejercicio de sus deberes de Pastores de iluminar las conciencias de todos los fieles, máxime cuando éstos “siendo parlamentarios” tienen graves responsabilidades en el futuro de la vida nacional.

En ese sentido el Santo Padre Benedicto XVI declaró que “No puedo ocultar mi preocupación por las leyes de las parejas de hecho” (…) “una nueva forma de pareja que elimina la diferencia entre sexos” y que hace que “sea igual que se unan un hombre y una mujer que dos personas del mismo sexo”. Ante esto, Benedicto XVI reivindicó el derecho de la Iglesia católica a una “injerencia pública” para “defender el hombre, como criatura formada por alma y cuerpo, a imagen de Dios”.(cf. EFE “ 22/12/2006)

Para que S.E. pueda medir la urgencia de esta gestión que le solicitamos, le informamos que, según declaraciones del Director de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, señor Francisco Estévez, el Proyecto será repuesto en tabla para su aprobación en el Senado, el próximo mes de Octubre de modo que el tiempo disponible para tales gestiones es bastante escaso. ([5])

Por el bien de la Iglesia y la pacífica convivencia nacional encarecemos a S.E. tenga a bien tomar urgentemente todas las disposiciones necesarias para hacer sentir a los Senadores su autoridad moral de Obispo contra este nefasto Proyecto.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra alta consideración, encomendarnos a sus valiosas oraciones y pedir su bendición

En Jesús y María,

Luis Montes Bezanilla                                     Juan Antonio Montes Varas

PS: Para facilitar el análisis del Proyecto le anexamos las consideraciones expuestas por representantes de Acción Familia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados (2005), y posteriormente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (2006)([6]).

Santiago, 24 de Septiembre de 2007

e-mail: contacto@accionfamilia.org

[1] http://sil.senado.cl/docsil/diar5450.doc

[2] http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=10370

[3] http://www.movilh.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=510

[4] http://www.paisgay.cl/esp/det_news.php?cont=1754

[5] http://www.movilh.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=1

[6] http://www.accionfamilia.org/temas-polemicos/tolerancia/analisi-proyecto-discriminacion/